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Niños, Niñas y Jóvenes

Viven en residencias de protección, por grave vulneración a sus derechos

                                                       * Noviembre 2018 Fuente SENAME

 

Durante el 2018, cerca de 6.500 niños, niñas y adolescentes (NNA) fueron separados temporalmente de sus familias como medida de protección judicial por grave vulneración a sus derechos (SENAME, 2018), siendo derivados a residencias -públicas y privadas- como medida de cuidado alternativo. A comienzos de ese año se registraban 226 centros residenciales funcionando a nivel nacional.

El 95% de las residencias son administradas por organizaciones de la sociedad civil (OCAS), mientras que el 5% es administrado directamente por el Sename (CREADs). Cabe destacar que las organizaciones de la sociedad civil han sido pioneras en la historia de protección y restitución de derechos de la niñez en Chile.

Hoy en día, la gran mayoría de las residencias se enfrenta al desafío de avanzar hacia estándares de calidad muy superiores a los vigentes para abordar las múltiples y complejas necesidades de los niños, niñas y jóvenes que acogen.

 

Entre los nudos críticos se señalan: Gestión institucional, Acompañamiento a los niños/as y actividades para el desarrollo en su tiempo libre, Infraestructura y Habitabilidad, Capacitación permanente a los equipos, Financiamiento, Trabajo con las familias de origen, y el  Abordaje de las problemáticas de salud mental de los niños y niñas.

El sistema de protección de la niñez en general, y el residencial, en particular, requiere un cambio de paradigma hacia un enfoque de derechos. Desde esta perspectiva, se necesita establecer estándares de calidad óptimos (v/s mínimos) que permitan entregar una respuesta pertinente, amorosa, integrada a la comunidad y permanente en el tiempo; a las múltiples necesidades de los niños y niñas más vulnerados de Chile.

 

Dentro de las causas que dan origen al problema, se encuentra la brecha entre la subvención y apoyo recibido por las instituciones colaboradoras de SENAME (OCAS) y el monto de financiamiento real que les permitiría alcanzar los estándares de calidad.

Se ha descrito que estas instituciones no reciben un mínimo que les permita realizar su labor de manera coherente con la complejidad y demandas de los niños/as a quienes atienden, mermando la posibilidad de alcanzar estándares de calidad en la atención a sus beneficiarios en diferentes dimensiones.

 

De esta manera, la baja subvención recibida por los organismos colaboradores privados ha impactado de forma negativa principalmente la calidad del RRHH, condiciones materiales e infraestructura (Gale, 2016; CPP UC, 2017).

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El proyecto Juntos por la Infancia  contribuye al objetivo de desarrollo sostenible (ODS) n°17 "Revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible" 

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